Alza de matrículas en las U, mala nota

0
124
Llegó  el fin de año y la polémica está servida. No fueron los estudiantes de las universidades públicas. Fueron los estudiantes de la Universidad de los Andes, que salieron a marchar por el alto costo de las matrículas, y es que las cifras provocan ruido. Habrá semestres que costarán 23 millones de pesos y la mayoría estarán sobre los 16 millones. Una cifra astronómica para un país con las enormes desigualdades como Colombia, y donde la educación ha sido el camino aspiracional para mejorar la calidad de vida.

Además, en Colombia la mayoría de las familias de clase media deben recurrir a créditos para poder pagar la educación de sus hijos. Donde la matrícula es solo un porcentaje, frente a lo que se requiere para materiales, transporte, alimentación y gastos en general. Pero, ¿Es un problema exclusivo de la universidad de los Andes? Sin duda no.

En Colombia los costos de la educación superior en el presente siglo han crecido por encima de IPC, eso se hace evidente en los últimos 16 años de la siguiente forma: del año 2000 al 2015 el IPC (Índice de Precios al Consumidor) se duplicó, mientras el ICESP (Índice de Costos de la Educación Superior) se triplicó. El primero fue de 2.0 y el segundo se incrementó en 2.9. Pero el incremento no es exclusivo de las universidades privadas. También ocurre en las públicas. Porque por el decreto 1279 se otorgó un beneficio de incremento salarial para los profesores de planta, asociado al número de artículos publicados. Es así como la nómina crece más que los ingresos y por supuesto, crece más que la inflación.

Las movilizaciones que ocurrieron en 2017 se basaron en eso, más recursos para las universidades públicas porque los dineros  girados son sobre el IPC y los gastos de las universidades son mayores. En síntesis, es un secreto a voces que los estudiantes de varias universidades públicas comenzarán con paro y nuevas movilizaciones. El malestar es generalizado, pero las alternativas y propuestas muy pobres. Se debería comenzar por revisar el decreto 1279.

En las universidades privadas la mayoría de los recursos provienen de las matrículas. No existe un sistema de donaciones potente y grande, como ocurre en otros países que pueden alivianar los costos de sus estudiantes. Hay unos costos que crecen de forma permanente y la única forma de financiación son aportes del Estado o pago de matrículas, de ahí que los incrementos terminen siendo un mal necesario.

Algunas quejas se asumen como si los rectores o las juntas se estuvieran enriqueciendo. En Colombia todas las universidades son sin ánimo de lucro, y en todas donde se desvíen recursos y puedan demostrar que se están lucrando deben ser denunciadas y sancionadas. La ley 1740 hizo esto posible y por eso, están sujetas a vigilancia y control del Ministerio de Educación Nacional. Así que el debate no es que se están enriqueciendo.

Los ojos se han puesto sobre las universidades, y en especial los Andes, pero existen matrículas igual de elevadas como El Rosario, La Sabana o la del Norte, y en general el incremento es de las mismas proporciones en la mayoría. Sin embargo, las universidades no pueden subir la matrícula por encima del IPC sin la autorización del Ministerio, por lo tanto, es responsabilidad del MEN responder a estos reclamos y hacer un control del incremento de las mismas.

¿Qué hacer?

Las situaciones recurrentes de aumento de matrículas, de más recursos para la educación superior, lleva a la necesidad de crear algo ya he expresado y en la FCI (Financiación Contingente al Ingreso). De ese modo, se podrá estudiar y pagar cuando se tenga empleo. En Colombia ha hecho carrera que se necesitan recursos solo para las personas de menos recursos, pero hoy un número importante de las familias de clase media tienen que asumir créditos para poder pagar su educación. Muchos de ellos lo hacen con las propias universidades, con bancos, o con el crédito tradicional de Icetex. En los primeros dos casos, deben comenzar a pagar mientras están estudiando y muchos terminan sus estudios y no consiguen empleo, lo que agrava su situación financiera y emocional.

FCI es un camino para facilitar el acceso, darles valor a los recursos y sobre todo para que puedan pagar cuando ya estén trabajando. En síntesis, se requiere pensar en alternativas diferentes, más allá de la movilización para evitar pagar más, lo que haría inviable la posibilidad de una educación superior fortalecida en el país.

EL Nuevo Siglo