Cae temida banda que secuestraba hasta por $50.000

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La Policía capturó en Cúcuta a 14 personas sindicadas de homicidios y retenciones de ciudadanos. En el grupo criminal había tres venezolanos que salieron de su país por la crisis.

Cuando las FARC comenzaron a desmovilizarse en la zona de Cúcuta, las bandas que les sucedieron se repartieron los mercados de extorsión existentes en la zona. En particular, las células afiliadas al Clan del Golfo no quisieron abandonar el jugoso negocio que representaba la explotación de comerciantes acostumbrados a pagar e innovaron con modalidades de secuestro exprés en las que raptaban temporalmente a personas capaces de desembolsar de inmediato el dinero requerido.

Frente a los embates de la Policía, poco a poco fueron cayendo las cabecillas del clan de los Urabeños que luego pasó a ser conocido como Clan del Golfo. A alias Cepillo lo remplazó el Ruso como jefe regional del grupo y a Fran le sucedió el Boludo en el mando local de la estructura.

De allí que la mayoría de los capturados no llevaran más de 1 a 2 años en el grupo organizado para los más antiguos, o 6 a 7 meses para los nuevos reclutas.

Alias Boludo y su jefe de sicarios, Carepan, fue dos de los 14 hombres aprehendidos por el Gaula y la Policía Metropolitana de Cúcuta en el operativo Apolo que fueron presentado el 7 de julio, pero el Ruso alcanzó a escaparse.

Según explica el investigador del Gaula que lideró la operación, se contabilizaron 3 venezolanos entre los miembros capturados quienes presuntamente se enlistaron en las filas del narcotráfico para huir de la crisis en su país y que cobraron salarios más bajos que los de los delincuentes colombianos. Frente al millón y medio que podía solicitar un connacional, estos llegaron a bajarse a un millón para ser parte de la organización.

De acuerdo con lo que precisó el teniente coronel Jorge Eliécer Agudelo, subdirector antisecuestro y antiextorsión, la célula desarticulada sembraba el terror en el barrio de Escobal, aunque su dominio se extendía en toda la zona metropolitana de la capital, hasta la zona de Ureña, en el límite con Venezuela.

Por cada extorsión cobraban entre 50.000 a 500.000 pesos, dependiendo de la capacidad económica de sus víctimas y cerca de 20 millones de pesos por secuestro exprés.

Entre las armas que fueron decomisadas en el domicilio de El Ruso -en su ausencia- se encontraron 2 pistolas Prieto Bereta, 2 Glocks, diversos cartuchos y proveedores, así como prendas y uniformes de la fuerza pública que usaban para delinquir. Los delitos fueron cometidos en su mayoría con armas cortas por ser estas más sencillas de disimular en territorios urbanos.

Entre otras acciones que se les imputan se encuentran cuando menos 8 homicidios y varias desapariciones en la región. Sin embargo, la reticencia de la mayoría de las 120 víctimas a denunciar por temor a represalias contra ellos o sus familias ha dificultado el trabajo de judicialización de la Fiscalía. Por el momento se les buscará imputar los delitos de secuestro extorsivo, extorsión, hurto calificado, homicidio desplazamiento forzado, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas, municiones y explosivos, antes de arremeter contra la estructura delincuencial en un segundo operativo.

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