El nuevo rumbo que toman las revocatorias del país

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El CNE retiró el proyecto de resolución que buscaba ajustar las reglas del proceso de la revocatoria. Mientras los alcaldes con procesos en contra ven cómo se hunde un posible salvavidas, los comités promotores califican esta decisión como un triunfo de la democracia. ¿Qué se viene ahora?

Con la decisión de retirar el proyecto de resolución, con que algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) pretendía imponer nuevas reglas al trámite de la revocatoria, se abre un nuevo episodio de la lucha que libran los alcaldes, que piden garantías para gobernar, y los promotores, que exigen que se respeten los mecanismos de participación ciudadana.

El CNE tomó la decisión el pasado miércoles, luego de estudiar los argumentos que se escucharon en la audiencia a la que asistieron ambos bandos y de atender una solicitud hecha por la Procuraduría, que le recomendó a la autoridad electoral iniciar cuanto antes la revisión, uno a uno, de los procesos de revocatoria en curso y estudiar de forma individual los motivos que presentaron los comités ante la Registraduría.

Más allá de la solicitud de la Procuraduría, críticos de la iniciativa del CNE consideran que el hundimiento de la resolución no tiene otra razón más allá de su falta de competencias para reformar un mecanismo como estos. Inti Asprilla, representante a la Cámara por Bogotá y promotor de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, dice que la decisión de modificar esta figura nunca debió estar en manos del CNE. Según le manifestó a El Espectador, sólo el Congreso les puede hacer cambios a los mecanismos de participación ciudadana por tratarse de un derecho fundamental.

“El proyecto de resolución del CNE era un adefesio jurídico y constitucional. No es competencia de la autoridad electoral crear normas que no existen. La revocatoria sólo se puede modificar vía ley estatutaria y debe ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso”, indicó Asprilla.

Asimismo, dice el congresista, que, así el CNE tuviera la facultad de decidir, el principio de confianza legítima no le permitiría cambiar las reglas de juego a los procesos que ya están en marcha. Respecto a la revisión de motivos, manifestó que la misma jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral no le permite dar juicios de valor sobre los argumentos presentados y mucho menos frenar procesos.

El futuro de la revocatoria

Ante la decisión del CNE, de retirar el proyecto de resolución, surge una serie de interrogantes sobre el camino que tomará el mecanismo de la revocatoria en el país. Según informó la Sala Plena, la revisión de las 107 iniciativas se sorteó entre los nueve magistrados que la componen. Serán ellos quienes verificarán la veracidad de las razones reseñadas por los diferentes comités. Una vez se estudie cada caso, los togados tomarán la decisión de frenar, pedir modificaciones o darles vía libre a los comités para continuar con el proceso.

A pesar de esta intención del CNE, se conoció que un nuevo debate está en marcha en la Sala Plena. Dicha discusión busca determinar si los magistrados tienen la potestad de decidir el futuro de las revocatorias sólo analizando la exposición de motivos o únicamente en caso de comprobar que algún comité está recolectando firmas con argumentos falsos o que no forman parte del formato entregado por la Registraduría.

Al respecto, el magistrado Armando Novoa señaló que el CNE tiene unas competencias generales y debe velar por que los procesos se adelanten en condiciones de plenas garantías. Partiendo de ellas se ha generado la controversia. “La sala plena, ahora, debe definir si el CNE puede determinar si una solicitud está debidamente sustentada o se debe limitar sólo a la verificación del proceso de recolección de firmas. Pero más allá de eso, hay que recordar que existen solicitudes donde se le pide al Consejo Nacional que revise algunos procesos y, legalmente, la corporación está obligada a emitir un pronunciamiento al respecto”, dijo.

Finalmente, si la Sala determina que no tiene poderes para frenar las revocatorias, el debate del último mes, en torno a los posibles anuncios del Consejo Nacional Electoral, pasará a la historia y, nuevamente, la lucha de la revocatoria se concentrará únicamente entre alcaldes, comités promotores y ciudadanía.

Revocatoria en Bogotá

En toda esta controversia, Bogotá concentra especial atención. El alcalde Enrique Peñalosa se enfrenta a tres procesos, y uno de ellos ya entregó más de 600 mil firmas, de las cuales sólo necesitaría que la Registraduría le avalara 280.000 (30 % de los votos que obtuvo el alcalde) para convocar al referendo revocatorio.

El alcalde bogotano fue uno de los que más defendió el proyecto de resolución del CNE, que buscaba regular este mecanismo. Sin embargo, ante la caída de la resolución, que pudo servirle de salvavidas, queda en manos de la revisión de motivos o, según ha expresado su apoderado, el abogado Humberto Sierra Porto, llevar el proceso a instancias judiciales.

“Si el CNE no define este asunto, tendremos que ir ante los jueces para que diriman el problema. Siempre que la autoridad competente no decida lo que tiene que decidir, el caso llegará ante los jueces. Este desorden, seguro, les traerá frustración o a los promotores de la revocatoria o a quienes apoyan el gobierno, y todo por causa del diseño equivocado del mecanismo”, indicó Sierra Porto.

A la espera de que los magistrados de la Sala Plena del CNE determinen, según la ley, cuál es el verdadero alcance de su poder, las revocatorias continuarán su tránsito normal en las calles, donde se recogen firmas, y en las urnas, donde alcaldes y gobernadores se jugarán su futuro a solo un año y cinco meses de haber iniciado su mandato. Por el momento, sólo queda esperar.

El Espectador