A ascenso oficiales de falsos positivos

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En un nuevo informe que será revelado este martes y fue conocido por EL TIEMPO, la organización de EE. UU. Human Rights Watch (HRW) pide bloquear el ascenso de cinco oficiales del Ejército colombiano sobre los que, asegura, existe evidencia creíble de su vínculo con los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.

Los cinco, entre quienes figuran un general y cuatro coroneles, están incluidos en la lista de 22 candidatos a la promoción que presentó el Ministerio de Defensa el pasado 27 de octubre y deben ser confirmados por el Senado en las próximas semanas.

En el reporte, la ONG también denuncia inconsistencias en las hojas de vida que presentó Mindefensa y hasta sugiere que quizá lo hizo para ocultar detalles de su pasado que podrían comprometer la promoción.

Según la información obtenida por este diario, dos de estos oficiales son objeto en estos momentos de investigaciones penales que adelanta la Fiscalía mientras que otros tres estuvieron a cargo de unidades del Ejército que presuntamente cometieron decenas de “falsos positivos” que la Fiscalía también investiga.

De acuerdo con HRW, el coronel David Bastidas también está siendo investigado por fiscales por ejecuciones perpetradas cuando se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, entre julio de 2004 y octubre de 2005, y anota como este está bajo lo lupa por más de 100 homicidios en este mismo período.

“HRW examinó decenas de sentencias judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y expedientes, y entrevistó a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a fin de analizar los antecedentes de los oficiales del Ejército que han sido propuestos”, afirma la organización al explicar las bases sobre las que sostiene sus señalamientos.

En el caso de Cruz Ricci, actualmente comandante de la Sexta División del Ejército, HRW dice que la Fiscalía lo investiga por su presunta participación en la muerte de dos civiles en julio de 2004, cuando estaba al frente del Batallón Especial Energético y Vial N.º 9 de la Vigésimo Séptima Brigada. Y presenta la confesión de un sargento involucrado en las ejecuciones según el cual el general -anota la ONG- “sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales”.

Se trata se Juan Pablo sierra Daza, que fue condenado en el 2015 por su rol en estos asesinatos.

“Sierra Daza manifestó, en una declaración a la Fiscalía a la cual tuvo acceso HRW, que un comandante de base le dijo que a Cruz Ricci le preocupaba que el batallón no había reportado bajas durante mucho tiempo, y que por eso tenían una “operación montada” con víctimas que serían entregadas por paramilitares.

A Cruz Ricci “se le informó” lo sucedido luego de que las víctimas fueran asesinadas, dijo Sierra Daza, y Cruz Ricci fue premiado con un viaje al exterior por reportar estas supuestas bajas en combate”, dice el reporte.

Así mismo, HRW dice haber revisado varios documentos firmados por Cruz Ricci relacionados con los asesinatos que según Sierra Daza eran solo para justificarlos de manera oficial.

La ONG también se refiere a la decisión de un fiscal de Cali que ordenó la prisión preventiva para el capitán de Ejército Harley Andrés Martínez Castaño, quien comandaba una escuadra dentro del Batallón Especial Energético y Vial N.º 9 de Cruz Ricci, y se encuentra prófugo. Este fiscal describió las ejecuciones como “un plan maquiavélico orquestado por Cruz Ricci, Sierra Daza, Martínez Castaño” y otro soldado.

De acuerdo con HRW el coronel David Bastidas también está siendo investigado por fiscales por ejecuciones perpetradas cuando se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, entre julio de 2004 y octubre de 2005, y anota como este batallón está bajo lo lupa por más de 100 homicidios en este mismo período.

“La Fiscalía también investiga decenas de falsos positivos presuntamente cometidos por el batallón Popa de la Décima Brigada del Ejército entre 2003 y 2005, cuando los coroneles Zabala Cardona y Rey Linares ocupaban cargos clave dentro del batallón, así como ejecuciones que podrían haber sido llevadas a cabo por el batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada del Ejército mientras su comandante era Flórez Cuervo, en 2008”, continúa el reporte.

En el informe la ONG aclara que, conforme al derecho internacional, los comandantes son penalmente responsables por las acciones de sus subalternos cuando “sabían o deberían haber sabido” que los soldados bajo su control estaban cometiendo delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.

En el documento HRW acusa al ministerio de Defensa por su “falta de trasparencia” a la hora de cumplir con una resolución del Senado del 2015 que los obliga a publicar un resumen de la hoja de vida de los candidatos para ascensos.

Dice, por ejemplo, que a diferencia de los candidatos de otras fuerza de seguridad en el caso del Ejército se omiten las fechas en las cuales los oficiales estuvieron asignados a las unidades donde prestaron servicios. Para esta ONG esas fechas son calves “para determinar si alguno de ellos podría haber estado involucrado en abusos. No obstante, curiosamente, las hojas de vida proporcionan información absolutamente irrelevante, como las fechas en que los oficiales contrajeron matrimonio y la fecha de nacimiento de sus hijos”.

Y resaltan como en la hoja de vida del coronel David Bastidas se omite que fue el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez, una unidad que está siendo investigada por la Fiscalía por numerosos casos de falsos positivos.

“El ministerio de Defensa consideró importante divulgar la fecha en que contrajo matrimonio un oficial postulado para ascenso, pero omitió señalar que este coronel desempeñó un rol de mando en una unidad del Ejército que habría sido responsable de una gran cantidad de asesinatos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG.

A lo que le añade este serio cuestionamiento: “En lugar de impedir que asciendan soldados vinculados con ejecuciones de falsos positivos que todavía se encuentran bajo investigación, el ministerio de Defensa parece estar ocultando información clave sobre el presunto rol de estos oficiales en delitos atroces”.

De acuerdo con Vivanco, esta actitud está “manchando la reputación de las Fuerzas Armadas” y por se le pide al Senado que frene los ascensos hasta que los señalamientos se investiguen de manera completa y adecuada.

Fuentes de la ONG le informaron a este diario que en agosto le hicieron llegar una carta con estas objeciones al ministro Luis Carlos Villegas a través del vicepresidente Óscar Naranjo pero que este nunca respondió.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington