¿Policía Escolar?

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En atención a la protección a los derechos de los niños, el senador  Roberto Ortiz radicó ante la Secretaria General del Senado un proyecto que busca modificar la Ley de Infancia y Adolescencia, para crear la Policía Escolar, al interior de las instituciones de educación preescolar, básica y media, con el fin de controlar el microtráfico de sustancias alucinógenas, la trata de personas y la violencia en los centros educativos.

El congresista vallecaucano señaló que “nos preocupa el incremento del consumo de drogas por parte de los menores, en los colegios. Queremos contrarrestar la delincuencia, la drogadicción y el ausentismo que se vive en los establecimientos públicos en todo el país. La drogadicción se tomó a los niños y adolescentes”.

Ortiz, además, sostuvo que los distribuidores de drogas utilizan a la población escolar para que la distribuyan en el interior de sus aulas educativas.

“Por eso se hace urgente la creación de la Policía Escolar, para debilitar a estas redes que, sin escrúpulos, están dañando la vida de nuestros niños y adolescentes. Necesitamos que los padres de estos menores tengan la certeza de que sus hijos están bien protegidos dentro de los planteles educativos, como es deber del Estado”, indicó el legislador.

El proyecto de Ley busca garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes un pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en un ambiente sano y seguro. Según la norma, deben prevalecer el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna y la protección de los derechos de los menores debe ser obligación de la familia, la sociedad y del Estado.

Así mismo, el proyecto contempla que la Policía de Infancia y Adolescencia tenga un cuerpo especializado de policía escolar para la atención, protección, prevención y control frente a casos de violencia, trata de personas, trabajo infantil, sustancias alucinógenas, ausentismo escolar, accidentes de tránsito y demás circunstancias que pongan en peligro la vida e integridad física al interior de las instituciones educativas y su entorno.

La iniciativa indica que el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia y de la Policía Escolar deberá realizar estudios profesionales en áreas relacionadas con las Ciencias Humanas y Sociales, tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

La Policía Escolar, dice el proyecto, se erigirá sobre bases y principios pedagógicos, psicológicos, filosóficos y sociales, con la finalidad de que pueda cumplir las funciones de colaboración en el mantenimiento del orden y la disciplina de los estudiantes en las instituciones educativas, con el propósito de prevenir, proteger y disuadir el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, al igual que el ausentismo relacionado con el bajo rendimiento y violencia escolar en la institución educativa.

El Nuevo SIglo