“Quienes se oponen a la paz en Colombia son los que vieron la guerra por televisión”

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Yolanda Perea tiene una trenza tejida en el pelo con los colores de la bandera de Colombia. Todavía le tiene fe a su país, a pesar de que lleva 22 años padeciendo el olvido que sufren las víctimas de un conflicto de más de cinco décadas. Cuando tenía 11 años un guerrillero de las FARC la violó y cuando tuvo la valentía de denunciarlo asesinaron a su mamá. Fue una niña que creció entre la amenaza de los grupos armados y el silencio, casi cómplice, del Estado. Todavía sigue esperando poder regresar a Riosucio, en el Chocó, de donde tuvo que salir corriendo por imposición de las armas. “No podemos seguir callados”, dice ahora como vocera de la Mesa Nacional de Víctimas, que participó en los diálogos con la guerrilla y que ahora espera que se cumpla lo que se acordó.

La semana pasada las ocho millones de víctimas que sobreviven en este país recibieron el primer golpe después de la firma entre el Gobierno y las FARC, pero esta vez no vino de los hombres armados ni la batalla fue en el monte, esta vez fueron los políticos y el escenario fue el Congreso de la República. En el parlamento se debatían las circunscripciones especiales de paz, con las que se supone que los más perjudicados por la guerra tendrán representación a través de 16 sillas en la Cámara. Los optimistas dicen que el proyecto, plasmado en los textos de La Habana, fue aprobado porque muchos estuvieron a favor. Sin embargo, el secretario del Congreso asegura que los votos no fueron suficientes.

Aunque 50 senadores le dijeron sí a la posibilidad de que las víctimas por fin tengan voz en el parlamento, según el acta oficial no hubo mayoría y por eso la iniciativa, la más esperada en las regiones, se hundió. El Gobierno colombiano y los que están a favor del proceso insisten en que sí fue avalado porque tres de los 102 políticos que tenían que decidir están en la cárcel por lo que el pleno del Senado debería reducirse a 99 y 50 votos a favor serían suficientes.

Frente al Congreso de la República, ciudadanos y organizaciones sociales se han reunido para pedir a @EfrainCepeda y @SenadoGovCo no violentar la ley y respetar la participación de las víctimas de la guerra en el Congreso.

“Todo esto es una vergüenza”, dice Perea desde Bogotá, horas antes de participar en una manifestación para exigirle a los senadores compromiso con los pueblos que más sufrieron el conflicto. “Quienes se oponen a la paz fueron los que vieron la guerra por televisión. A ellos no les tocó, por eso no les importa”, reclama. Todavía es incierto si esos 16 distritos especiales podrán tener vocería en los próximos dos periodos electorales (ocho años) como se fijó en el acuerdo, que además estableció que las curules sean transitorias y estén repartidas en departamentos como Antioquia, Bolívar, Choco, y Nariño, los que tuvieron que vivir entre balas y emboscadas.

Perea, que habla duro porque sabe que no es momento de volver a quedarse en silencio por miedo, reconoce que lo que se firmó en La Habana tiene falencias, pero dice que prefiere una “paz imperfecta a una guerra permanente”. Explica que en las regiones intentan reconstruirse a pesar de la oposición que se hace desde la capital. “El centro del país no va a tener que aguantarse a las FARC cuando se reincorporen, pero nosotros sí. Por eso estamos trabajando en la formación para entender la diferencia y vivir en paz”.

Yolanda Pinto, directora de la Unidad de Víctimas, es de las pocas funcionarias que sufrieron el conflicto en carne propia (su esposo fue secuestrado en 2002 y asesinado un año después), tal vez por eso sabe lo que sienten quienes llevan años esperando ser escuchados. “No tiene discusión, el acuerdo ha valido la pena”, dice y le pone cifras a su afirmación. “Desde el desarme de las FARC se han salvado 3.000 vidas, de 2015 a 2017 se ha reducido en un 86% el registro de personas que se declaran afectadas por el enfrentamiento armado y han bajado en un 73% las víctimas de homicidio”, aseguró desde un foro organizado por la revista Semana para reflexionar sobre las necesidades de los que tienen puesto su futuro en el cumplimiento de lo pactado.

“Tenemos que lograr que a nadie más le pase lo que nos pasó a nosotros. La fábrica de víctimas se cerró y esta es la gran oportunidad de aquellas regiones en donde el conflicto trató de eliminar la esperanza”, señala y refuta los argumentos de quienes se oponen a las circunscripciones de paz porque creen que las FARC se las apoderarán. “Si creen que esas curules son para la guerrilla, están equivocados, se nota que no conocen a las víctimas”, insiste Pinto. El expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de ellos. “Estas circunscripciones están rechazadas, no son para campesinos ni para víctimas, son para las FARC”, aseguró en su cuenta de Twitter, desde donde la ha emprendido contra el proceso con la guerrilla y hasta ha convocado a una marcha para rechazar las circunscripciones especiales.

Teresita Gaviria, directora de las Madres de la Candelaria, un colectivo de mujeres que intenta visibilizar las desapariciones forzadas en el país, se une a las otras víctimas para pedir respeto por lo que se acordó en el proceso. Recuerda que junto a otras mamás estuvo por más de 18 años buscando a los desaparecidos, escarbando la verdad para entender por qué terminaron metidos en un conflicto del que no querían ser parte. Gaviria perdió a 13 familiares por la guerra, algunos están muertos y otros desaparecidos. “Cuando escuchamos a quienes habían cometido los crímenes, cambió completamente el panorama: ya no eran los ogros que nos imaginábamos, eran personas que también habían sufrido”. La vocera de las Madres de la Candelaria habla del perdón y del reto que tiene el país en el momento que vive. “No queremos que ustedes se contagien de odio como el Congreso”, dice.

EL País