Se “ahogó” proyecto del derecho al agua

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La iniciativa que destacaba al agua como un derecho fundamental, está prácticamente hundida en el Congreso. El senador Jorge Prieto, de la Alianza Verde, expresó que está dispuesto a denunciar a quienes no han apoyado esta iniciativa.

Prieto dijo que “la semana pasada que se debió haber dado trámite en la Comisión Primera de la Cámara, el señor presidente no convocó, no anunció, pero para el día siguiente no citó. El argumento esta vez es que el presidente de la Cámara había citado a la plenaria para las horas de la mañana”.

El congresista expresó que se hubiera podido citar tanto la Comisión como la plenaria. “Lo que yo veo en el fondo es que la interferencia del Gobierno, el ministro del Medio Ambiente dice que apoya, que es una necesidad, pero ha habido un mal ambiente en el Senado y aún en la misma Cámara que nadie se atreve a votarlo en contra”.

Dijo Prieto que el apoyo por parte de los parlamentarios es grande porque es una necesidad,  aclaró que la mayoría de los representantes son de provincia, “cada uno sabemos las necesidades de los departamentos de proteger los ríos, es decir la discusión en todas las comisiones es el tema del calentamiento global y particularmente el agua”.

Señaló el congresista que al elevar el agua como derecho fundamental, se le da facultades a las comunidades para que puedan avisar por medio de tutelas y hacer que la justicia actúe en el momento que se esté utilizando una fuente hídrica, “eso no le conviene a los empresarios del carbón, tanto a los legales, como a los ilegales, ni a las petroleras”.

Expresó el legislador que “nosotros consideramos que ya está hundido por tiempo, eso no podemos esperar que el presidente de la Comisión Primera de la Cámara cite nuevamente, que no lo va hacer”.

“Pero lo vamos a presentar por Cámara, que es donde más se han prestado para sabotear el proyecto, lo vamos  a volver a presentar, pero esta vez vamos a buscar la presión de las comunidades en cada uno de los municipios, no apoyar un proyecto de esos podría ser un crimen ecológico”, anotó.

Prieto señala que la importancia de esta iniciativa es la prioridad al consumo humano y la obligación al Estado para que proteja las fuentes hídricas, “es preocupante que el Gobierno de nuestro país no se preocupe por cuidar las fuentes de agua, sino que todo lo contrario, ha sido una lucha permanente de las comunidades contra el Estado que protege a las petroleras y empresas mineras”.

Los principales objetivos de este proyecto de Acto Legislativo son: ratificar el derecho al agua con prevalencia para el consumo humano y su función ecológica teniendo protección constitucional, subsanar el déficit de protección al derecho al agua establecido por la Corte Constitucional en relación con la protección de los ecosistemas y por último establecer la obligación en cabeza del Estado colombiano de garantizar la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico. El proyecto contó con las firmas y apoyo de 51 congresistas.

El proyecto fue construido por el representante por Antioquia, Víctor Correa Vélez, del Polo Democrático; los senadores Jorge Prieto y Antonio Navarro Wolf de la Alianza Verde y Sofía Gaviria del Partido Liberal. La iniciativa expone que Colombia, siendo uno de los países más ricos en recursos hídricos en el mundo, en los últimos años ha venido disminuyendo en su proporción de agua significativamente, causa de esto lo es tanto el cambio climático como lo es también la contaminación generada por el uso inadecuado en el sector industrial, especialmente por la minería y el tratamiento de aguas residuales.

En la exposición de motivos del documento los autores definen el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. El fundamento jurídico de este derecho, además de reposar en varios textos de tratados internacionales sobre derechos humanos, supone que a cada ciudadano se le proteja, respete y garantice, las siguientes tres facetas de este derecho: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades suficientes de agua, y además, que el mismo sea (iii) de calidad “para los usos personales y domésticos”.

El Nuevo Siglo